Fórmulas para mejorar la Ley de Extranjería... que Corbacho no aplicará

De la futura reforma de la Ley de Extranjería, todavía sabemos poco y, sobre todo, poco claro. De momento, el ministro José Corbacho sólo ha confirmado que las condiciones de la reagrupación familiar serán endurecidas: los inmigrantes únicamente podrán traer a sus padres pasados los cinco años, cuando alcancen la residencia permanente. Este primer anuncio ya ha generado el rechazo de asociaciones de inmigrantes y ONGs. En espera de que se materialicen los cambios que impulsará el Ejecutivo socialista sobre el texto, Mauricio Valiente, portavoz y ex director del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), nos expone lo que, desde su punto de vista, debería ser modificado.

• Derecho a huelga. El año pasado el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 11.2 de la Ley de Extranjería, que limitaba el ejercicio del derecho de huelga a los inmigrantes con permiso de trabajo. El fallo ampliaba así este derecho a los trabajadores en situación irregular, anulando el inciso "cuando estén autorizados a trabajar" recogido por el texto. Asimismo, reiteraba el derecho de sindicación (7.1, 8 y 11.1). "Nosotros entendemos que un nuevo texto debería estar redactado respetando la sentencia del Constitucional", explica Valiente.
• Ampliar la reagrupación familiar. Justo en el sentido contrario al anuncio de Corbacho de restringir la reagrupación familiar, desde CEAR se propone "reconocer ampliamente este derecho y agilizarlo". En este sentido, para Valiente sería un paso adelante para España ratificara la Convención internacional de Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares, que hace todo un conjunto de referencias a la vida en familia de los inmigrantes. "En este momento, los mecanismos de reagrupación suponen prácticamente una carrera de obstáculos", critica.
• Agilización y flexibilización de los procesos. La simplificación de los procedimientos de acceso a la residencia es uno de los objetivos que, según Valiente, debería buscar la nueva Ley de Extranjería. Uno de los problemas que debería ser enfrentado de forma más acuciante es la situación administrativa de los miles de inmigrantes que son trasladados desde las Islas Canarias a la Península si, una vez que transcurridos los 40 días de internamiento permitidos, no han podido ser repatriados. Cuando se dan este tipo de casos, los inmigrantes no regresan a sus países de origen, pero tampoco tienen posibilidad alguna de regularizar su situación. "La Ley tiene que prever esta situación y darle una solución para evitar un limbo jurídico como el que existe ahora, que es una invitación a la marginalidad y al conflicto", añade Valiente. La apuesta de CEAR es crear un permiso de autorización de residencia de carácter excepcional. Esta medida ya fue estudiada por el predecesor de Corbacho en el cargo, Jesús Caldera, aunque finalmente quedó en papel mojado.

Sin embargo, con la que está cayendo en una Unión Europea cada vez más dura con los inmigrantes, parece poco probable que los cambios que introduzca el Gobierno vayan en el sentido deseado por CEAR y otros colectivos. Los globos sonda que Corbacho ha lanzado hasta el momento, como el de suprimir la contratación en origen, así parecen confirmarlo.

Por otra parte, todo parece apuntar a que será en esta ley donde podrían introducirse algunas novedades contempladas por la llamada 'directiva de la vergüenza'. Este documento recoge la posibilidad de que el periodo de internamiento de los inmigrantes en situación irregular pueda alargarse hasta 18 meses, uno de los aspectos que más polémica causó en el momento de su aprobación. Actualmente, en España el periodo máximo de retención es de 40 días, pero existe el temor de que, dado el amplio margen dado por la Unión Europea, el plazo se amplíe significativamente.