Los empresarios, otra vez en la diana: ¿quién los protege?

La muerte de Ignacio Uría ha elevado a 41 el número de empresarios asesinados por ETA. Sin embargo, hacía más de ocho años que la banda terrorista no atacaba a este colectivo, lo que vuelve a poner a los empresarios vascos en un primer plano de la lucha terrorista y despierta preocupaciones —relativas a la seguridad de las personas amenazadas— que llevaban algún tiempo aparcadas.

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Ibarretxe, flanqueado por los presidentes de ADEGI y Confebask, asociaciones de empresarios vascos.

Por un lado, hay quien considera que el asesinato de Uría es la consagración de una estrategia que inició la banda terrorista orientada hacia el boicoteo y el ataque a empresas vinculadas con la construcción de la línea de alta velocidad que unirá las tres provincias vascas. Por otro, hay quien piensa que este atentado, lejos de formar parte de una estrategia planificada, responde al afán de cometer un asesinato de la forma más fácil, atacando a un colectivo vulnerable como el de los empresarios.

¿A qué se debe esta vulnerabilidad? ¿Cómo se protege a los empresarios vascos? En 2008, el presupuesto destinado a pagar a los escoltas de los amenazados por el terrorismo etarra ha sido de 135,3 millones de euros (80,3 procedentes del Ministerio del Interior y 55 del Gobierno vasco). Tanto el Ministerio del Interior como el Departamento Vasco de Interior se niegan a especificar qué porcentaje de esta cifra está destinada a la protección de empresarios y qué porcentaje a la protección de políticos, ya que, desde ambos organismos, afirman que se trata de una cuestión de seguridad que no debe trascender. En los mismos términos se ha expresado hoy el 'lehendakari' Ibarretxe.

En todo caso, fuentes del Ministerio del Interior se limitan a afirmar que la decisión de poner escoltas llega después de una evaluación que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizan, caso por caso, sobre los riesgos que corre cada uno de los amenazados.

Mikel Buesa, director de la Cátedra de Economía del Terrorismo y hermano de Fernando Buesa, miembro del PSE asesinado por ETA en 2000, afirma conocer diversos casos en los que las instituciones públicas han otorgado protección a los empresarios, aunque asegura que "se trata de un porcentaje muy reducido y de casos muy singulares".

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El ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, escucha a Zapatero durante la rueda de prensa de condena al atentado.

En todos ellos, continúa Buesa, se trata de empresarios que, en su día, se negaron a pagar el 'impuesto revolucionario' exigido por la banda terrorista, y que, además, decidieron denunciar su caso a las autoridades y luego recibieron amenazas. El catedrático recuerda que es muy común el hecho de no pagar el dinero que reclama ETA (un 90% de los empresarios no lo hacen), pero que no lo es tanto si nos referimos al número de quienes deciden denunciar los hechos. Al tratarse de una porción muy reducida de empresarios la que recibe protección pública, la mayoría decide confiar su seguridad a compañías privadas.

Es muy probable que crezca la demanda de protección tras la nueva acción de ETA, ya que se trata de un salto cualitativo en su estrategia. Al poner de nuevo a los empresarios en el punto de mira, podría extenderse la sensación de riesgo y amenaza hacia capas más amplias de la sociedad, debido a la gran cantidad de actores implicados en la construcción de la línea de alta velocidad. Este hecho, desde el punto de vista de Mikel Buesa, "obliga a las autoridades a plantearse y revisar la estrategia de protección a las personas amenazadas por la banda armada", sobre todo en lo que se refiere al mundo empresarial.